El Tribunal Supremo ha reclamado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García que paguen la fianza de 60.000 euros que les impuso a cada uno, antes del juicio que los sentará en el banquillo por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia. El exministro cuenta desde este lunes con un nuevo letrado, Marino Turiel, tras la renuncia de su anterior abogado, informa Irene Dorta.
Así consta en una resolución donde el alto tribunal activa el trámite para requerir a ambos el depósito de la fianza. El Supremo ya hizo un requerimiento directo el pasado 12 de diciembre a Ábalos y García a través de la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentran de forma provisional desde el 28 de noviembre.
En esa comunicación a los presos, se les requirió que prestaran fianza, advirtiendo de que, de no hacerlo, “se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada, debiendo acreditar su insolvencia caso de que carezca de metálico o bienes susceptibles de embargo”.
En la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS consta que tanto el exministro como su exasesor plasmaron que lo consultarían con su abogado, pero el hasta ahora letrado de Ábalos, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, renunciar a su defensa. Este lunes ha trascendido que el nuevo letrado del exministro será Marino Turiel, el tercero de sus letrados, que ya lo representó en su demanda contra el Ministerio de Transportes por la auditoría y que ejerce como abogado de varios empresarios de hidrocarburos. En el caso de García, fuentes jurídicas avanzan que solicitará anotación de embargo, lo que implica cubrir su fianza mediante bienes, no en efectivo.
El Supremo les exige fianza para cubrir las responsabilidades económicas que se puedan derivar del que será el primer juicio del caso Koldo. Ábalos y García se sentarán en el banquillo acusados de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Se enfrentan a hasta 30 años de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio para el que fuera su hombre de confianza. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, proponen hasta 30 años de cárcel para los dos. En cambio, para el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, tanto el ministerio público como las acusaciones plantean una condena a siete años de prisión, al tener en cuenta su confesión.
El instructor del caso Koldo en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, les envió a juicio el pasado 11 de diciembre al ver indicios suficientes de que, “muy poco después” de que Ábalos tomara posesión como ministro de Transportes, los tres se concertaron para beneficiar a empresas vinculadas a Aldama. En este primer juicio, se pondrá el foco en los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión S. L. para la compra de mascarillas durante la crisis del covid-19.
El magistrado apunta que, como contraprestación, Ábalos y García habrían recibido pagos periódicos de dinero en efectivo, señalando también a beneficios en especie, como el alquiler de un piso en la Plaza de España de Madrid para Jésica Rodríguez —expareja del que fuera número tres del PSOE― o la contratación de esta y otra mujer, Claudia Montes, en empresas públicas.