El Gobierno de Estados Unidos ha retirado las visas a los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, de acuerdo con una exclusiva de Los Angeles Times y Puente News publicada este miércoles, donde se apoyan en diversas fuentes conocedoras de los casos. Esa misma información recoge que ambos políticos habrían entrado al país al amparo de una “autorización especial que suele reservarse para los testigos que cooperan con la justicia”. Durazo y Villarreal están siendo investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado, según la misma nota.
Durazo ha minimizado la información del medio, al asegurar que es “una nota más, sin fuentes, como muchas otras que circulan sin sustento”. El gobernador sonorense, quien se ha negado a mostrar su visa para desmentir la nota, también ha rechazado que haya algún vinculo con el crimen organizado. “En el pueblo, todos nos conocemos y todos nos sabemos todo. Si hubiese la menor corruptela, la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse”, ha asegutado el gobernador ante los medios. El directora de Comunicación del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, también ha negado de manera “categórica y contundente” la información: “No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”.
Sheinbaum ha indicado este miércoles que los gobernadores “tienen que aclarar” la información, y ha mostrado su descontento por esa filtración. “Qué intención con quitar la visa…, ¡y más hacerlo público! […] Cuando uno está tranquilo con la certeza de lo que se está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, pueden venir estas cosas. Todos tenemos el derecho, al menos, a la duda”, ha expuesto en su conferencia de la mañana. Estas investigaciones suponen un nuevo revés a su Gobierno, sumido en los señalamientos desde finales de abril, cuando la justicia estadounidense acusó a otros 10 funcionarios sinaloenses por vínculos con el crimen organizado. Entre ellos se encuentra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
Las acusaciones presentadas por un fiscal de Nueva York contra los otros 10 funcionarios morenistas despertaron un profundo rechazo por parte del Ejecutivo mexicano, que ha mantenido que los señalamientos no están apoyados en pruebas contundentes. Durante los días siguientes a la difusión de los casos, Rocha Moya pidió separarse del cargo para ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), y más tarde, dos de los acusados se entregaron a las autoridades estadounidenses.
El ya conocido como caso Rocha, sumado al escándalo por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo en Chihuahua o la debilidad económica, han dañado la popularidad de la presidenta. Sheinbaum atraviesa ahora, a un año y medio del inicio de su mandato, su momento más delicado al frente del Ejecutivo. Aunque pese a esa situación, mantiene índices todavía altos, con un 68% de aceptación, según una encuesta de Enkoll, realizada para EL PAÍS y W Radio.
México y Estados Unidos viven en un constante rifirafe desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, a comienzos del año pasado. El republicano ha reiterado en varios de sus discursos que su vecino del sur está controlado por los carteles, una postura que ha chocado con los rechazos constantes del Ejecutivo de Sheinbaum, que ha presentado cifras de reducción de homicidios y mediáticas detenciones para calmar las aguas.
Esa lucha contra el crimen organizado —prioridad para el republicano— ha llevado a que el Gobierno de Trump busque nuevas herramientas de presión, entre ellas el retiro de visas. Para diciembre del año pasado, al menos 50 funcionarios mexicanos de todo el espectro político perdieron sus documentos. Entre esos nombres se encuentran figuras como la gobernadora morenista de Baja California, María del Pilar Ávila, o el exgobernador priista de Guerrero Héctor Astudillo (2015-2021).