“Ojalá hubiera muerto. Fue un viaje al infierno”. Así se pronunció Arya, nombre ficticio de una eritrea entrevistada por Naciones Unidas en su último informe sobre abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en Libia, país de tránsito para cientos de miles de personas que, como esta mujer, tratan de alcanzar Europa cruzando el Mediterráneo. Quien lo intente en 2026 se verá ante un horizonte contradictorio: economías que necesitan trabajadores y sociedades que ya son muy diversas, pero también una arquitectura legislativa cada vez más hostil, proclive a expulsar con rapidez —a menudo sin respetar los derechos humanos— y a delegar responsabilidades en terceros países.
El documento de Naciones Unidas, basado en casi un centenar de testimonios recogidos entre 2024 y 2025, describe detenciones arbitrarias, violaciones sistemáticas, trabajos forzados y separaciones familiares. No es el primer informe, ni será el último. Periódicamente, distintos organismos internacionales y ONG advierten de que Libia no es un lugar al que deportar a nadie, y lo hacen con insistencia porque, entre otras razones, saben que la Unión Europea sí considera este país africano un lugar “seguro” al que enviar de vuelta a los migrantes, pese a las denuncias de la última década. Una década en la que Bruselas y varios Estados miembros —con Italia en cabeza— han financiado y equipado a los guardacostas libios para interceptar embarcaciones y devolver a sus ocupantes al punto de partida, a ese infierno del que habla Arya.
“Se les separa de sus familias, se les detiene y se les traslada a centros de detención sin el debido proceso, a menudo a punta de pistola”, denunció durante la presentación del informe en Ginebra Thameen Al Kheetan, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Pese a que la violencia en Libia se reproduce en otros países, la alianza de la UE con el Estado norteafricano no es una estrategia aislada, sino que obedece al endurecimiento del control de la migración por parte de los Veintisiete para blindar las fronteras. Comenzó a gestarse en 2015, cuando en la llamada “crisis de los refugiados”, más de un millón de personas llegó a las costas europeas huyendo de la guerra en Siria y de otros conflictos. Una década después, los temores se repiten al calor de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán: a mediados de marzo, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a los Estados miembros a movilizar todas las “herramientas diplomáticas migratorias” para frenar otra eventual crisis.
El objetivo declarado de Bruselas es combatir a las mafias; el resultado, según organizaciones humanitarias, es externalizar la responsabilidad y cerrar el paso a quienes buscan protección. “Es más seguridad, más control, más fronteras, menos derechos, menos solidaridad, menos libertad”, analiza Francesco Pasetti, investigador principal del área de migraciones del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). En ese tira y afloja, al menos 33.000 personas han muerto o desaparecido en el mar en los últimos 10 años, y este ha arrancado con un preocupante repunte de cadáveres.
Mientras la ONU insiste en que cesen las devoluciones a Libia hasta que existan garantías reales de respeto de los derechos humanos, la UE culminará este año su giro restrictivo con la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo. También se ha dado luz verde al nuevo reglamento de retornos, que acelera expulsiones y amplía la posibilidad de enviar a solicitantes rechazados a “terceros países seguros”.
El concepto es polémico: para Bruselas, un país seguro puede ser cualquier Estado con el que exista un acuerdo de cooperación, aunque las ONG cuestionen sus estándares democráticos, como ocurre con Túnez, Libia o Mauritania. En febrero, el Consejo de la UE aprobó la primera lista oficial: Bangladés, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez son algunos. Ese mismo mes, el Gobierno de Grecia anunció que planea crear centros de retorno en países africanos para enviar allí a migrantes rechazados cuyos países de origen no los acepten. Y no va sola: Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria también participan en las conversaciones. “En la práctica, la ausencia de contrapesos democráticos en los regímenes más autoritarios los convierte en socios especialmente atractivos para garantizar un control migratorio efectivo”, relaciona Pasetti.
Los detractores del pacto migratorio aseguran que es una maquinaria de detención y expulsión, no de protección ni solidaridad. Critican los procedimientos acelerados y los cribados obligatorios en frontera, de hasta una semana, que el recién llegado debe pasar en centros de detención, lo que, según los defensores de derechos humanos, socava libertades fundamentales y fomenta la detención sistemática. “Lo que se gesta es un sentimiento de securitización… Esto es lo que va dirigiendo cada una de las acciones que se van tomando en torno a la restricción del paso de las personas“, sostiene Cecilia Estrada Villaseñor, doctora en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas.
“Lo que se llamaba responsabilidad compartida se ha convertido en responsabilidad desplazada: los Estados descargan la gestión en otros y la UE actúa como canal de intereses nacionalistas”, critica Pasetti, en referencia a la existencia del reparto “flexible” de responsabilidades, que permite a los países que no quieran acoger a inmigrantes contribuir económicamente con los socios que sí lo hacen. “El nuevo sistema acelera los procedimientos, sí, pero lo hace a costa de las garantías: sin defensa adecuada, sin tiempo real para apelar y con personas encerradas”, reflexiona el experto.
Con los nuevos reglamentos, quienes lleguen a Europa de manera irregular y pidan asilo se verán en un laberinto burocrático: controles en frontera, plazos más cortos para recurrir y más margen para efectuar detenciones preventivas. La Comisión defiende que el sistema será más eficiente y homogéneo, pero las ONG temen que sea más opaco y menos garantista. “¿De qué herramientas va a gozar la persona que obtenga estas decisiones negativas para poder contraargumentar?”, se pregunta Estrada Villaseñor.
La importancia de elegir bien
Más allá del marco comunitario, el destino de los migrantes depende en gran medida del país al que lleguen. No existe un ranking definitivo de cuál es el mejor Estado para empezar de nuevo: los pros y contras varían según la legislación, los recursos y la orientación política de cada Gobierno.
El bloque de Visegrado —Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia— ha liderado la oposición al reparto obligatorio. Hungría, bajo el mando de Viktor Orbán, ha hecho del rechazo a la inmigración su bandera política: vallas en fronteras, detención automática a quien cruza por pasos no regulados y negativa tajante a aceptar cuotas de reparto.
En el sur, Italia, Grecia y España reciben buena parte de las llegadas por mar y ello les ha llevado a reaccionar de maneras muy diferentes. Los dos primeros, con políticas más estrictas: Italia ha abierto centros de internamiento en Albania —aunque la Justicia ha paralizado las deportaciones— en el último movimiento de la primera ministra Giorgia Meloni, que desde 2022 ha impulsado leyes para dificultar el trabajo de las ONG de rescate. Grecia ha endurecido la legislación, aumentando penas a traficantes e imponiendo cárcel y elevadas sanciones económicas a quienes participen en traslados irregulares, incluidas ONG.
España defiende la inmigración como necesidad económica y demográfica y ha facilitado permisos de trabajo y arraigo. La última reforma permitirá regularizar a medio millón de personas. Pero mantiene un fuerte control fronterizo y tiene una de las tasas de reconocimiento de asilo más bajas de Europa.
En Europa, dos de cada cinco países están gobernados por la ultraderecha o sus Gobiernos dependen de ella. Este auge se debe en parte a que la inmigración irregular se ha convertido en herramienta electoral, considera Estrada Villaseñor. “Estamos en un momento donde la migración se ha convertido en una cuestión estructural de debate porque es un caballo de batalla muy jugoso”, asevera. La teoría del llamado reemplazo demográfico, no respaldada por los datos, ha calado. Las entradas irregulares fluctúan por conflictos y crisis, pero están lejos de una “invasión”: en 2025 fueron 178.000, la cifra más baja desde 2021. Mientras, en 2024 (último año con datos publicados), se expidieron en la UE 3,5 millones de primeros permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios, según Eurostat.
Y, mientras tanto, se da la insoslayable realidad de que Europa envejece: Bruselas indica que la población caerá un 5% para el año 2070 y, en concreto, la que esté en edad de trabajar (20-64 años), bajará de 265 millones a 219. Al final, para 2070 habrá menos de dos europeos trabajando por cada jubilado, con el consiguiente perjuicio para los sistemas de pensiones. La UE concede cada año millones de permisos de residencia y trabajo —incluidas decenas de miles de tarjetas azules para trabajadores altamente cualificados— en sectores donde faltan manos, desde la construcción hasta los cuidados, pero no son suficientes.
2026 es, además, año electoral clave. En Suecia, los Demócratas de Suecia propondrán detener totalmente la inmigración por seguridad nacional, incluso si implica desafiar las normas de la UE. En Dinamarca, uno de los Estados más restrictivos, que ya contempla medidas para dificultar las llegadas y fomentar las deportaciones, la evolución de las políticas depende de la coalición que puedan formar los socialdemócratas, pues su victoria en las elecciones del pasado martes no ha sido suficiente para no tener que aliarse con otras formaciones. Y en Hungría, Orbán buscará revalidarse con el mismo discurso soberanista.
Por último, en Países Bajos la fragmentación parlamentaria ha obligado a pactos complejos. En su primera declaración de gobierno ante el Parlamento, en febrero, el nuevo primer ministro neerlandés, el moderado Rob Jetten, explicó que su objetivo es lograr “menos entrada, una acogida digna e integración desde el primer día”. En Portugal, la ultraderecha de Chega ha aumentado su apoyo, aunque sin alcanzar el poder, en un país que hasta hace poco era presentado como ejemplo de gestión relativamente integradora.