Venezuela significó mucho para la gran empresa española en el cambio de siglo. Hace no tanto era el país de Sudamérica con más tiendas de Inditex, el territorio más rentable del continente para Telefónica o donde Repsol arrancó en los años noventa su gran negocio internacional de extracción de crudo. Las grandes enseñas de la economía nacional tomaban posiciones en el mercado con más expectativas de la zona gracias a sus ingentes reservas de petróleo. Ahí se quedó la apuesta: en una inversión potencial sin réditos. El ascenso de Hugo Chávez al poder en 1999 y la serie de medidas que se tomaron desde entonces paralizaron los esfuerzos inversores en los años siguientes y, con la continuidad de las políticas bolivarianas por parte de Nicolás Maduro, se propició un repliegue paulatino y, a menudo, obligado por mandato directo del Gobierno. Venezuela, donde ahora se abre un periodo de incertidumbre que puede modificar todo el tablero económico, pasó de ser un destino prioritario al gran negocio que nunca pudo ser.
Repsol es la empresa española que más expuesta sigue estando a Venezuela. También a la que más le interesa defender su posición actual tras el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. La petrolera cuenta, en esencia, con dos activos. Por un lado, explota un pozo de gas natural en alianza con la italiana Eni; y por el otro, mantiene un acuerdo con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, para la extracción de petróleo, que ha sido su principal fuente de problemas. La compañía energética tiene una exposición patrimonial en Venezuela de 330 millones de euros, con deudas atrasadas con la petrolera estatal PDVSA de 359, que hasta ahora abonaba con unas entregas de crudo que a su vez fueron suspendidas en marzo tras retirar Trump el permiso a la empresa española para exportar crudo desde Venezuela. Repsol, presente desde el año 1993 en el país, busca fórmulas para reactivar las entregas, si bien su principal actividad sigue estando la vinculada al gas natural, que representa el 85% del negocio total.
En cuanto a la banca, el BBVA es la única entidad española que está presente en el país. Es propietario del 55,2% de BBVA Provincial, el mayor banco privado del país, con una cuota de préstamos del 24%, solo por debajo del Banco de Venezuela, que es público. Suma más de 3 millones de clientes, de los cuales 2,7 millones son minoristas. Tiene, además, 2.000 trabajadores en plantilla y un total de 168 oficinas. Según las cuentas del primer semestre, la filial en ese país registró pérdidas antes de impuestos por 36 millones. Un portavoz del banco ha indicado que todas las sucursales han abierto este lunes con normalidad. Tanto BBVA como Mapfre, la otra gran compañía financiera con intereses en la zona y 360 trabajadores en nómina a cierre de 2024, especificaron que ya han puesto en marcha planes de continuidad para garantizar la prestación de servicios en el país. La aseguradora no detalla sus números en Venezuela, ya que los integra en su negocio en América del Sur en general.
Una salida para Telefónica
La reciente caída del régimen bolivariano podría venir en buen momento a otro nombre de lustre del Ibex 35. Es el caso de Telefónica, para la que un cambio del panorama político podría facilitar su ansiada salida del país, pero no garantiza que el proceso sea sencillo ni inmediato. Tras años de incertidumbre, el presidente de la compañía, Marc Murtra, confirmó el pasado 4 de noviembre —durante la presentación del Plan Estratégico 2026-2030— la firme voluntad de la operadora de abandonar sus activos en Venezuela, junto con los de México y Chile, con el objetivo de simplificar su estructura y recuperar, en la medida de lo posible, la inversión realizada en la región. La operadora española tiene nueve millones de clientes en el país y domina el 42% del mercado de telefonía móvil, con una presencia testimonial en banda ancha fija.
Telefónica aterrizó en Venezuela en 2004 tras la ambiciosa compra de las filiales de Bellsouth por más de 4.700 millones de euros. En aquel entonces, la adquisición de Telcel supuso un desembolso estimado de 800 millones de euros, convirtiendo a la filial venezolana en una de las más rentables del grupo. Sin embargo, la llegada de medidas restrictivas bajo el mandato de Hugo Chávez, el control de cambios y la posterior hiperinflación bajo el régimen de Maduro dinamitaron la rentabilidad del negocio. Desde 2017, Telefónica dejó de desglosar los resultados de su filial venezolana debido a la volatilidad del bolívar y las dificultades para repatriar beneficios, lo que se tradujo en una depreciación constante de activos y pérdidas millonarias que ahora la compañía busca detener definitivamente.
La multinacional española se enfrenta a obstáculos regulatorios de calado. El principal escollo es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que otorga a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el poder de vetar cualquier venta invocando el “interés público” o la “seguridad nacional”. Además, tanto las licencias como el uso del espectro radioeléctrico son intransferibles sin un permiso previo y expreso del regulador. Además, la falta de portabilidad numérica en Venezuela —el sistema que permite cambiar de operador conservando el número— obligará a que la transacción sea sumamente ordenada para no perjudicar a los nueve millones de clientes de Movistar.
Otro desafío financiero importante es el compromiso de inversión de 500 millones de dólares para el despliegue de la red 5G, asumido por Telefónica a comienzos de 2025. Cualquier potencial comprador deberá estar dispuesto a heredar esta carga inversora en un país que aún debe reconstruir gran parte de su infraestructura básica.
En este contexto, se barajan tres escenarios principales para la venta. El primero sería la fusión con la estatal CANTV/Movilnet, que ya domina la banda ancha fija, y cuya entrada en el sector móvil crearía un gigante con el 65% de cuota de mercado, lo que podría plantear problemas de competencia. La segunda alternativa es un acuerdo con Digitel, la compañía del Grupo Cisneros, que aparece como un candidato natural, aunque su integración también concentraría gran parte del mercado móvil (sumando un 77,7%). Por último, no se descarta una acuerdo con inversores extranjeros, como la luxemburguesa Millicom (Tigo), que ya ha adquirido operaciones de Telefónica en otros países de la región, y que podrían ver en la nueva Venezuela una oportunidad estratégica, aunque el riesgo país sigue siendo un factor disuasorio.
La gran apuesta de Inditex en Sudamérica
Otra gran empresa española que vio en Venezuela una gran oportunidad de negocio fue Inditex. Fue su gran mercado en Sudamérica a principios de siglo. En 2001, el gigante gallego dio el salto oceánico y pasó de tener cuatro a 20 puntos de venta allí. Era el octavo mercado mundial con mayor número de establecimientos, y el primero de América del Sur. Además, desembarcó con casi todas sus marcas: Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti y, un año más tarde, con Oysho.
Colombia, que hoy es el primer país sudamericano para Inditex por presencia física, no contaba con ninguna tienda en aquel momento, y Brasil solo tenía 7. Entre 2003 y 2015, Inditex mantuvo en Venezuela una red estable en el entorno de los 25 locales, cifra que bajó a los 19 en 2019, último año antes de decidir su retirada.
Al país volvió a principios de 2024, y hoy cuenta con cuatro locales, todos en Caracas y gestionados por un socio franquiciado, Grupo Futura, que también trabaja con Mango y Tendam, dueño de Cortefiel o Women’s Secret, con varios puntos de venta en suelo venezolano.
Escasa incidencia del turismo
Las empresas hoteleras tienen una presencia marginal en Venezuela frente a otros países de la región, como México, donde las compañías mallorquinas RIU y Barceló cuentan con 23 y 22 activos, respectivamente. En la actualidad, la cadena que más hoteles tiene es Hesperia, con cinco activos, seguida de Meliá, con un inmueble de cinco estrellas. Hesperia lleva 20 años operando en Venezuela y dispone de dos hoteles en Isla Margarita, y uno en Maracay, Morrocoy y Valencia, según informa Carlos Molina. En declaraciones recogidas por Europa Press, Enrique Castro, director general de Hesperia World America, la gestora en el país latinoamericano, avanzó en julio que la cadena iba a sumar a finales de 2025 su sexto activo en la ciudad de Barquisimeto, aunque aún no aparece dentro de la oferta del grupo. Por su parte, Meliá opera desde finales de los años noventa el Gran Meliá Caracas, un cinco estrellas de gran lujo, que sigue operando sin incidentes.
Ante la escalada de la tensión bélica entre EE UU y Venezuela, ya visible a finales de diciembre, las aerolíneas con actividad entre España y Venezuela optaron por ampliar la suspensión de los vuelos que tenían prevista hasta finales de 2025 y no volver a operar al menos hasta el 31 de enero de 2026, siguiendo las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) y desatendiendo la amenaza de Maduro de retirarles las licencias si no retomaban las operaciones. Tanto Iberia, Air Europa y Plus Ultra, las tres que más vuelos realizan desde España, no volverán a cubrir las frecuencias con Venezuela, al menos, hasta el 31 de enero, al igual que han hecho otras compañías extranjeras como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca o la brasileña Gol.
Eso sí, Plus Ultra ha optado por una táctica indirecta y ha reforzado su ruta entre Madrid y la ciudad colombiana de Cartagena de Indias pasando de tres a seis vuelos semanales como respuesta al incremento de la demanda registrada en el último trimestre de 2025, desde que la aerolínea ofrece a los pasajeros conexión a Caracas junto a la aerolínea Laser.