El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que mantiene conversaciones con parlamentarios para avanzar en la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, que todavía no reúne los votos necesarios en el Senado y cuya urgencia simple vence en once días.
Uno de los principales puntos de controversia es la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado y el terrorismo. En su diseño original, la propuesta permite al Presidente decretarlo por 120 días y renovarlo por otros 120 sin autorización del Congreso.
Arrau afirmó que el Ejecutivo está abierto a modificar la iniciativa para alcanzar un acuerdo. “Si es que hay que modificar el nombre del estado de excepción o modificar el que existe, si es que hay alguna de las cosas que hemos propuesto que hay que bajarla a rango legal, estamos totalmente disponibles“, señaló.
El secretario de Estado sostuvo que han dado “todo el tiempo que sea necesario” para que los parlamentarios alcancen un acuerdo que permita avanzar con la propuesta.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), pidió “realismo legislativo” y recordó que la reforma requiere 29 votos para ser aprobada. La parlamentaria emplazó al Ejecutivo a permitir que la Cámara Alta siga encauzando la discusión, a través del trabajo de los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos).
“Yo espero y le pido al Ejecutivo que deje que el Senado siga encauzando esta discusión. Escucharnos siempre va a facilitar un consenso”, afirmó Núñez, quien además planteó que “llegó el momento de entender que ya no estamos en una etapa de instalación, por lo tanto esa mayor coordinación es un mínimo” para avanzar en la agenda legislativa.
Desde la oposición, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que la falta de respaldo podría impedir que la reforma avance antes de que termine su urgencia. “Lo más probable es que se venza el plazo de la urgencia que tiene la reforma de seguridad y no se vaya a ver, porque no tiene acuerdo“, afirmó.
A juicio del parlamentario, la iniciativa “se vaya apagando rápidamente por falta de acuerdo, porque este fue un traspié del gobierno y del Ministerio de Seguridad“.
En paralelo, La Moneda comenzó las conversaciones por el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, donde el foco estaría puesto en los denominados ministerios “reactivadores”, entre ellos Obras Públicas, Vivienda y Salud.
Seguridad se mantendría entre las prioridades, con recursos adicionales para las instituciones del sector. Arrau planteó que espera que el aumento presupuestario permita mejorar las remuneraciones y aumentar la dotación policial.