Tres víctimas del centenar de afectados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el centro de Oaxaca han denunciado ante la Fiscalía General de la República a las constructoras y quienes resulten responsables, incluyendo contratistas y servidores públicos. El accidente, que se ha cobrado hasta el momento 14 vidas y dejó un centenar de heridos (once siguen ingresados por sus lesiones), sucedió el domingo 28 de diciembre, cuando, en una zona de curvas pronunciadas, la locomotora se salió de la vía y arrastró al resto del convoy, cayendo el primer vagón al barranco y el segundo quedando semisuspendido. Los tres afectados, que viajaban en este último carro, demandan penalmente por lesiones y abuso de autoridad al no haber hecho caso a las diferentes auditorías que advertían de problemas en la construcción. Su equipo legal no descarta que más damnificados se adhieran a la demanda.
Los denunciantes, que responden al nombre de Manuel, Flor y Alexis, buscan, de acuerdo a su abogado, dos cosas. “Primera, participar activamente en la carpeta de investigación, para poder intervenir en la elaboración del dictamen pericial que va a determinar la causa del descarrilamiento y proteger su derecho a la verdad”, dice su abogado Adrián Arellano, penalista del despacho Vega Mac Gregor Arellano. “Buscan luego una reparación del daño, ya que, lamentablemente, a partir del accidente sus vidas han cambiado completamente y esto tendrá secuelas”, apunta. Arellano dice que están en contacto con otras víctimas.
El accidente, ocurrido en el tren de pasajeros del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que realizaba el trayecto Salina Cruz-Coatzacoalcos descarriló en el centro de Oaxaca con 250 personas en su interior entre pasajeros y tripulación. Es la primera—y temprana— tragedia mortal de los nuevos proyectos ferroviarios construidos durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, una política pública que su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha prometido continuar. Tanto en la construcción del Tren Maya como del Ferrocarril del Istmo, las dos obras iniciales de este Plan Nacional Ferroviario, se puso, por delante de los plazos constructivos, cumplir las metas políticas marcadas desde Palacio Nacional.
Durante su conferencia de prensa diaria, la presidenta Sheinbaum ha preguntado “quién está interponiendo la denuncia”. “No es necesario que se acerquen abogados”, ha criticado, “hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas para obtener más recursos y se llevan comisiones, no lo necesitan, van a tener todo el apoyo”. Sheinbaum ha asegurado que, además de lo que se reciba por los seguros, tendrán una “reparación integral del daño” por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Para los pasajeros, la empresa que tiene que gestionar este accidente y las reclamaciones de los damnificados es Seguros Ve por Más, del conglomerado familiar Grupo Kaluz. De acuerdo a los documentos de la póliza, la empresa se hace cargo hasta un total de 116 millones de pesos al año, con 400.000 pesos de indemnización máxima por pasajero, ya sea por gastos médicos, funerarios, muerte accidental o pérdida de equipaje. De acuerdo a la información de los contratos, este 2026 el servicio arrancó sin seguro de pasajeros, ya que la licitación pública se declaró desierta.