La incautación de más de 650.000 papeletas electorales en California por parte de un sheriff republicano ha abierto un nuevo frente político en el Estado y trae al terreno local un tema que lleva en el centro del debate desde hace semanas en Washington y desde hace años en la agenda del presidente Donald Trump. La confiscación, impulsada por Chad Bianco, alguacil del condado de Riverside, al este de Los Ángeles, y también precandidato a gobernador, es parte de una investigación por supuesto fraude en el plebiscito sobre el rediseño de los distritos electorales del Estado del pasado noviembre, que fue aprobado por una amplia mayoría. La medida ha sido fuertemente criticada por los adversarios políticos de Bianco y las autoridades electorales, que señalan que las acusaciones del sheriff no tienen fundamento y están diseñadas para socavar la confianza en las elecciones, en línea con la ofensiva trumpista a nivel nacional.
Bianco anunció el viernes que su oficina había tomado posesión de las papeletas correspondientes a la elección especial en la que se votó la Proposición 50. La iniciativa buscaba permitir a los demócratas redibujar los mapas electorales de California en respuesta a las maniobras impulsadas por los republicanos en Texas unos meses antes. El resultado no dejó margen para la duda: alrededor de 7,4 millones de votantes respaldaron la medida frente a unos 4,1 millones que se opusieron.
No obstante, el sheriff Bianco justificó su actuación alegando discrepancias entre el número de papeletas recibidas y el recuento final de votos, recogiendo una denuncia planteada por un grupo activista. “La investigación es sencilla: contar físicamente las papeletas y comparar el resultado con el total de votos reportados”, afirmó en una rueda de prensa. Según el aguacil, los registros del condado de Riverside muestran 611.428 papeletas emitidas, mientras que el total de votos certificados asciende a 657.322, una diferencia que considera sospechosa.
Las autoridades electorales estatales y locales han calificado la investigación de infundada. La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, encargada de certificar las elecciones a nivel estatal, denunció que las acciones de Bianco se basan en acusaciones que se presentaron sin pruebas y advirtió del riesgo que suponen para la confianza pública en el sistema electoral. “Las investigaciones sobre procesos electorales deben ser realizadas por autoridades con competencia legal y conocimiento técnico”, señaló en un comunicado. También recordó que alegaciones similares en otros Estados han sido revisadas y descartadas.
Pero las críticas no se han limitado al ámbito demócrata. Jon Fleischman, exdirector ejecutivo del Partido Republicano en California, opinó en declaraciones al The New York Times que la investigación tiene un claro trasfondo político. “Es una coincidencia tremenda que haya tomado una medida tan llamativa y extrema justo dos meses antes de enfrentarse a unas elecciones estatales”, señaló Fleischman. El alguacil Bianco es uno de más de 20 precandidatos para gobernador de California que buscarán quedar entre los primeros dos en unas primarias no-partidistas el próximo 2 de junio para poder competir en las elecciones de noviembre.
Las actuaciones del sheriff siguen el manual de Trump, que lleva una década cuestionando la integridad de los procesos electorales: desde su victoria en 2016 —pues aunque ganó, perdió en el voto popular—, su derrota en 2020 —que aún se niega a aceptar y generó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021—, hasta su actual impulso a la ley electoral SAVE America Act. Esta propuesta de ley nominalmente busca establecer el requisito de prueba de ciudadanía para registrarse para votar, pero en la práctica, según denuncian los demócratas y analistas independientes, supondría una supresión del voto masiva.
Expertos en la materia han advertido que, independientemente de su cuestionable legitimidad, las denuncias o investigaciones como la impulsada por Bianco erosionan la confianza ciudadana y sirven de base para futuras reformas restrictivas del sistema de votación. En esa línea, los críticos de Bianco han señalado que este es su verdadero objetivo, dado que, a pesar de la controversia, el impacto práctico de las acciones del sheriff, si prosperan, será limitado, pues el margen en la votación de la Proposición 50 fue tan amplio.
“Lo que estamos viendo por parte de Chad Bianco es un peligroso abuso de poder que no difiere en nada de lo que estamos viendo por parte de Donald Trump y de los esfuerzos extremos de los republicanos por privar del derecho al voto a los electores a nivel nacional”, afirmó en un comunicado el exalcalde de Los Ángeles y también precandidato a la gubernatura, Antonio Villaraigosa. “Confiscar cientos de miles de papeletas sin pruebas creíbles es un ataque a los cimientos mismos de nuestra democracia. Si estás dispuesto a socavar unas elecciones libres y justas para ser una estrella del movimiento MAGA, no deberías ocupar un cargo público”.