El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este viernes que, en caso de ser inhabilitado ocho años por abuso de poder político en las elecciones de 2022, recurrirá ante la Corte Suprema para intentar recuperar sus derechos políticos.
«Conversaré con mis abogados y habrá un recurso ante el Supremo Tribunal Federal», dijo el exmandatario en una entrevista a la emisora Itatiaia, horas antes de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) retome el juicio que definirá su futuro político.
De los siete magistrados que conforman el pleno de esa corte, tres ya han votado a favor de condenar al líder ultraderechista, al que acusan de valerse de su entonces posición de jefe de Estado para «para degradar el ambiente electoral» con «informaciones falsas» y «mentiras atroces» y crear un estado de «paranoia colectiva».
Un voto más en su contra conformaría una mayoría en el tribunal para inhabilitar al capitán retirado del Ejército hasta 2030, impidiéndole disputar los comicios que se celebren hasta esa fecha. Hasta el momento solo un magistrado ha defendido la absolución del exgobernante.
El punto central del juicio en el TSE es una reunión a la cual Bolsonaro convocó a medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, para descalificar gravemente el sistema electoral y acusar a la Justicia de maniobrar en favor del hoy mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Ese encuentro, en el que Bolsonaro vertió sospechas infundadas sobre las urnas electrónicas que Brasil usa sin denuncias de fraude desde 1996, fue transmitido por la televisión pública y las redes sociales.
El expresidente insistió hoy en que el juicio «no tiene ni pies ni cabeza» y volvió a insinuar que los magistrados del TSE actuaron para favorecer al líder progresista en la pasada contienda electoral: «No ataqué el sistema electoral, mostré posibles fallos», aclaró.
Asimismo, defendió que no puede ser procesado por «noticias falsas» porque es un concepto que no está integrado en la ley e invocó el derecho a la libertad de expresión, tesis que, según los magistrados del TSE que han votado en su contra, no se ajusta en el caso que está siendo juzgado.